Un proyecto ciudadano de acceso a la información pública · Ley 27.275
¿De qué se trata? Argentina gasta recursos fiscales enormes en obras paralizadas, subsidios mal asignados y compras que nunca se usan. Este proyecto usa la Ley de Acceso a la Información Pública para exigir datos concretos — y después publicarlos de forma clara para que cualquier ciudadano pueda verlos.
Se envían las 7 consultas ciudadanas el mismo día a los organismos competentes, con copia a la Oficina Anticorrupción. Cada consulta está redactada en lenguaje ciudadano, sin tecnicismos legales.
Cada consulta tiene un scraper que monitorea su estado. Si el organismo no responde en 30 días hábiles, opera el silencio positivo y se escala al Ministerio Público Fiscal.
Todas las respuestas — o la falta de ellas — se publican acá, en el dashboard. Cada dato recibido se cruza con fuentes abiertas para verificar consistencia.
Con los datos consolidados se construyen informes públicos, visualizaciones y notas periodísticas que cualquiera puede usar, citar o compartir.
Cada consulta apunta a un área donde el costo de la inacción estatal es medible y enorme:
Cualquier ciudadano argentino puede presentar consultas de acceso a la información. No se necesita abogado ni firma digital. Es un derecho constitucional, y el sistema está diseñado para que lo use cualquier persona.
Si querés sumar una consulta sobre otro tema, contactame.